Arturo Balderas Rodríguez / La Jornada
La aprobación en Arizona de la arbitraria ley 1070 ha puesto de relieve la urgente necesidad de la reforma migratoria en Estados Unidos. De esa forma el gobierno federal contará con un marco legal que hasta ahora ha sido ineficiente, incongruente e injusto.
Es seguro que la ley 1070 será apelada ante los tribunales y, de acuerdo con más de un experto en derecho constitucional, será puesta en la congeladora por inconstitucional. Otras leyes cuyo contenido esencial es el castigo a trabajadores indocumentados y sus familias han corrido la misma suerte. En algunas ciudades de Pennsylvania y Texas fueron aprobados ordenamientos legales para prohibir que los indocumentados pudieran rentar departamentos o casas. No sólo fueron revocados por inconstitucionales, sino la economía de esos poblados cayó en picada, producto de la desbandada de trabajadores latinos. No obstante esas experiencias, es factible que en las próximas semanas aparezcan en otros estados proyectos similares, particularmente en donde el Congreso sea de mayoría republicana.
El problema de la disfunción en el sistema migratorio de Estados Unidos es uno más de los que heredó el presidente Barack Obama. Su antecesor, George W Bush, se quedó corto en el apoyo a un proyecto de reforma integral, según lo confesó, y permitió que legisladores de su mismo partido impidieran su aprobación. A ese fracaso contribuyó el gobierno mexicano, que en lugar de preparar una estrategia de apoyo a la reforma prefirió dar un golpe mediático con declaraciones espectaculares exigiendo todo o nada. Esto muy probablemente influyó en el ánimo del Congreso estadunidense para postergar indefinidamente la reforma.
El jueves pasado, en medio del revuelo causado en Arizona, el presidente declaró su intención de apoyar la reforma migratoria, pero advirtió la dificultad para que se logre este año. Agregó que para los legisladores de su partido ha sido un año difícil, primero con la reforma al sistema de salud y ahora con la del sistema financiero. Por ahora no puede exigirles que se embarquen en la migratoria, cuya complejidad requiere mucho trabajo y negociación política. No obstante esa declaración del mandatario, los líderes demócratas en el Senado tienen ya lista una propuesta de reforma que puede ser discutida en los próximos meses.
La comunidad latina, con razón, ha dado muestras de exasperación ante tantas promesas incumplidas y su reacción es congruente con esa exasperación. En respuesta puede optar por votar en contra del partido que ahora gobierna o simplemente no sufragar. Esa reacción pudiera complicar la aprobación de una reforma que beneficie a los millones de indocumentados que viven en el país, entre los que se cuentan sus familiares y amigos. Por la experiencia de los últimos meses, le será muy difícil al gobernante lograr la aprobación de cualquier reforma si llegara a perder la mayoría en cualquiera de las cámaras, mucho más una de la magnitud de la reforma migratoria.
La aprobación en Arizona de la arbitraria ley 1070 ha puesto de relieve la urgente necesidad de la reforma migratoria en Estados Unidos. De esa forma el gobierno federal contará con un marco legal que hasta ahora ha sido ineficiente, incongruente e injusto.
Es seguro que la ley 1070 será apelada ante los tribunales y, de acuerdo con más de un experto en derecho constitucional, será puesta en la congeladora por inconstitucional. Otras leyes cuyo contenido esencial es el castigo a trabajadores indocumentados y sus familias han corrido la misma suerte. En algunas ciudades de Pennsylvania y Texas fueron aprobados ordenamientos legales para prohibir que los indocumentados pudieran rentar departamentos o casas. No sólo fueron revocados por inconstitucionales, sino la economía de esos poblados cayó en picada, producto de la desbandada de trabajadores latinos. No obstante esas experiencias, es factible que en las próximas semanas aparezcan en otros estados proyectos similares, particularmente en donde el Congreso sea de mayoría republicana.
El problema de la disfunción en el sistema migratorio de Estados Unidos es uno más de los que heredó el presidente Barack Obama. Su antecesor, George W Bush, se quedó corto en el apoyo a un proyecto de reforma integral, según lo confesó, y permitió que legisladores de su mismo partido impidieran su aprobación. A ese fracaso contribuyó el gobierno mexicano, que en lugar de preparar una estrategia de apoyo a la reforma prefirió dar un golpe mediático con declaraciones espectaculares exigiendo todo o nada. Esto muy probablemente influyó en el ánimo del Congreso estadunidense para postergar indefinidamente la reforma.
El jueves pasado, en medio del revuelo causado en Arizona, el presidente declaró su intención de apoyar la reforma migratoria, pero advirtió la dificultad para que se logre este año. Agregó que para los legisladores de su partido ha sido un año difícil, primero con la reforma al sistema de salud y ahora con la del sistema financiero. Por ahora no puede exigirles que se embarquen en la migratoria, cuya complejidad requiere mucho trabajo y negociación política. No obstante esa declaración del mandatario, los líderes demócratas en el Senado tienen ya lista una propuesta de reforma que puede ser discutida en los próximos meses.
La comunidad latina, con razón, ha dado muestras de exasperación ante tantas promesas incumplidas y su reacción es congruente con esa exasperación. En respuesta puede optar por votar en contra del partido que ahora gobierna o simplemente no sufragar. Esa reacción pudiera complicar la aprobación de una reforma que beneficie a los millones de indocumentados que viven en el país, entre los que se cuentan sus familiares y amigos. Por la experiencia de los últimos meses, le será muy difícil al gobernante lograr la aprobación de cualquier reforma si llegara a perder la mayoría en cualquiera de las cámaras, mucho más una de la magnitud de la reforma migratoria.
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