José Blanco / La Jornada
La anécdota la cuenta Paul Krugman; vale la pena contribuir a diseminarla: el pasado octubre, en una viñeta Mike Peters contaba: “Un profesor pide a un alumno que construya una frase en la que se utilice la palabra ‘sacks’ [del verbo to sack: saquear, en inglés]. El alumno responde: ‘Goldman Sachs’. La semana pasada, la Comisión del Mercado de Valores (la SEC, por sus siglas en inglés) acusaba a los tipos de Goldman, por mucho mocasín de Gucci que lleven, de dedicarse a lo que equivale a un saqueo de cuello blanco”.
Hace tiempo sabemos que Goldman Sachs y otras empresas sacaron al mercado, recuerda Krugman, valores respaldados por hipotecas y pretendían al tiempo obtener beneficios apostando por la caída en picada del valor de esos títulos. Esta práctica es un atraco, pero es legal.
Ahora la SEC acusa a Goldman de haber sacado al mercado valores diseñados con la intención de que se hundieran, para que clientes importantes pudieran sacar dinero de ese fracaso. “Eso es lo que yo llamo saqueo”, dice Krugman.
“Cuando los clientes compran, también están comprando un riesgo”, se defendió Blankfein, presidente de Goldman Sachs. “Lo que les vendemos se supone que les ofrece el riesgo que quieren. No nos buscan para que les demos nuestros puntos de vista”, agregó Blankfein.
Así fue como los españoles se enteraron de que la crisis financiera mundial de 2008, desencadenante de la crisis económica que envió al paro a 20 por ciento de los trabajadores españoles, fue en parte deliberadamente agravada por algunas grandes empresas financieras, en particular por Goldman Sachs. Blankfein sostuvo que Sacks no tenía obligación de opinar sobre los activos que comercializa. Para eso están las agencias calificadoras, dijo, aludiendo a las reglas del juego actual.
Va entonces la bolita para las agencias. Las más importantes (Standard & Poor’s [S&P], Moody’s y su rival más pequeño, Fitch) tuvieron una participación significativa en la inflación de la burbuja crediticia. Lo dicen centenares de analistas y decenas de gobiernos.
Las empresas cobraron cuotas gigantescas al aprobar valores basados en hipotecas de baja calidad. Cuando los dueños de viviendas no pudieron completar sus pagos hipotecarios, los bonos se volvieron “tóxicos”, haciendo que el sector financiero colapsara, lo cual afectó a los inversionistas en todo el mundo.
Washington prometió una reforma, y en esa guerra dicen que están, pero los planes de cambio las reglas de ruleta del juego financiero que se están discutiendo aparentemente atenderán muy poco los dos antiguos problemas estructurales, según el analista de CNN Expansion Colin Barr.
Primero, las empresas obtienen la mayor parte de su dinero cobrando cuotas de emisores de bonos, lo que crea un espinoso conflicto de intereses. Segundo, los inversionistas y los reguladores emplean las calificaciones para todo, desde decisiones de inversión hasta requisitos de capital, aunque la precisión y métodos de las calificaciones ni están oficialmente registrados ni validados por nadie.
“El sistema ha sido estructurado para depender significativamente de las calificaciones” de las agencias, dijo Matthew Richardson, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York. “Es muy difícil regresar ese genio a su botella”; es decir, no está claro para nadie en qué pueden consistir nuevas reglas del juego que impidan a los banqueros convertirse en asaltantes. Desde este ángulo, la “guerra” de Obama no estaría en un túnel al que se le vea salida. Los asesores de Washington opinan que si el gobierno, el Departamento del Tesoro, o la Reserva Federal, o el Congreso fijaran las reglas, estas instancias serían las responsables en el muy probable caso de una nueva crisis financiera (lo que supone, desde luego, que saldremos de ésta, aunque no sepamos aún cómo).
The Wall Street Journal ha recogido el sentir de los países europeos que acusan a las agencias de calificación crediticias de empeorar la carga de gobiernos con problemas financieros, como en el caso de Grecia, que justo en el momento que lucha por obtener financiación, S&P hizo ruidosamente públicas sus estimaciones, según las cuales las pérdidas para los tenedores de deuda griega serían del orden de 200 mil millones de euros si el país era obligado a restructurar su deuda. Se retroalimenta así el pánico de los inversores a una posible suspensión de pagos. Es decir, las agencias deciden que al gobierno que le va mal debe irle peor.
Pero, ¿quién controla a S&P? Los siguientes son accionistas, asociados a la división empresarial de la editora McGraw Hill, casi todos ellos fondos de inversión gringos, que son a su vez grandes inversores en deuda pública de numerosos gobiernos (en porcentajes del capital): Capital World Investment 7.67, T. Rowe Price Association 6.6, Fidelity Management 3.86, Vanguard Group 3.72, Banco State Street 3.71, Oppenheimer Funds 2.82, Blackrock 2.57, Capital Research 1.99, Deutsche Bank 1.78, Morgan Stanley 1.61.
A partir de estos datos, son claras las conclusiones sobre la imparcialidad de las agencias de rating y sobre la oportunidad con la que publican sus decisiones.
En contra de los datos comentados, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI y los estados de la zona euro se proponían rescatar a Grecia a toda costa (110 mil millones en tres años), a contracorriente de la postura de las agencias y los grandes fondos.
Si fuera el caso, las agencias pueden empezar a decaer en los hechos y una lucecita podría verse al final del túnel respecto de la reforma del sistema de los atracadores.
La anécdota la cuenta Paul Krugman; vale la pena contribuir a diseminarla: el pasado octubre, en una viñeta Mike Peters contaba: “Un profesor pide a un alumno que construya una frase en la que se utilice la palabra ‘sacks’ [del verbo to sack: saquear, en inglés]. El alumno responde: ‘Goldman Sachs’. La semana pasada, la Comisión del Mercado de Valores (la SEC, por sus siglas en inglés) acusaba a los tipos de Goldman, por mucho mocasín de Gucci que lleven, de dedicarse a lo que equivale a un saqueo de cuello blanco”.
Hace tiempo sabemos que Goldman Sachs y otras empresas sacaron al mercado, recuerda Krugman, valores respaldados por hipotecas y pretendían al tiempo obtener beneficios apostando por la caída en picada del valor de esos títulos. Esta práctica es un atraco, pero es legal.
Ahora la SEC acusa a Goldman de haber sacado al mercado valores diseñados con la intención de que se hundieran, para que clientes importantes pudieran sacar dinero de ese fracaso. “Eso es lo que yo llamo saqueo”, dice Krugman.
“Cuando los clientes compran, también están comprando un riesgo”, se defendió Blankfein, presidente de Goldman Sachs. “Lo que les vendemos se supone que les ofrece el riesgo que quieren. No nos buscan para que les demos nuestros puntos de vista”, agregó Blankfein.
Así fue como los españoles se enteraron de que la crisis financiera mundial de 2008, desencadenante de la crisis económica que envió al paro a 20 por ciento de los trabajadores españoles, fue en parte deliberadamente agravada por algunas grandes empresas financieras, en particular por Goldman Sachs. Blankfein sostuvo que Sacks no tenía obligación de opinar sobre los activos que comercializa. Para eso están las agencias calificadoras, dijo, aludiendo a las reglas del juego actual.
Va entonces la bolita para las agencias. Las más importantes (Standard & Poor’s [S&P], Moody’s y su rival más pequeño, Fitch) tuvieron una participación significativa en la inflación de la burbuja crediticia. Lo dicen centenares de analistas y decenas de gobiernos.
Las empresas cobraron cuotas gigantescas al aprobar valores basados en hipotecas de baja calidad. Cuando los dueños de viviendas no pudieron completar sus pagos hipotecarios, los bonos se volvieron “tóxicos”, haciendo que el sector financiero colapsara, lo cual afectó a los inversionistas en todo el mundo.
Washington prometió una reforma, y en esa guerra dicen que están, pero los planes de cambio las reglas de ruleta del juego financiero que se están discutiendo aparentemente atenderán muy poco los dos antiguos problemas estructurales, según el analista de CNN Expansion Colin Barr.
Primero, las empresas obtienen la mayor parte de su dinero cobrando cuotas de emisores de bonos, lo que crea un espinoso conflicto de intereses. Segundo, los inversionistas y los reguladores emplean las calificaciones para todo, desde decisiones de inversión hasta requisitos de capital, aunque la precisión y métodos de las calificaciones ni están oficialmente registrados ni validados por nadie.
“El sistema ha sido estructurado para depender significativamente de las calificaciones” de las agencias, dijo Matthew Richardson, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York. “Es muy difícil regresar ese genio a su botella”; es decir, no está claro para nadie en qué pueden consistir nuevas reglas del juego que impidan a los banqueros convertirse en asaltantes. Desde este ángulo, la “guerra” de Obama no estaría en un túnel al que se le vea salida. Los asesores de Washington opinan que si el gobierno, el Departamento del Tesoro, o la Reserva Federal, o el Congreso fijaran las reglas, estas instancias serían las responsables en el muy probable caso de una nueva crisis financiera (lo que supone, desde luego, que saldremos de ésta, aunque no sepamos aún cómo).
The Wall Street Journal ha recogido el sentir de los países europeos que acusan a las agencias de calificación crediticias de empeorar la carga de gobiernos con problemas financieros, como en el caso de Grecia, que justo en el momento que lucha por obtener financiación, S&P hizo ruidosamente públicas sus estimaciones, según las cuales las pérdidas para los tenedores de deuda griega serían del orden de 200 mil millones de euros si el país era obligado a restructurar su deuda. Se retroalimenta así el pánico de los inversores a una posible suspensión de pagos. Es decir, las agencias deciden que al gobierno que le va mal debe irle peor.
Pero, ¿quién controla a S&P? Los siguientes son accionistas, asociados a la división empresarial de la editora McGraw Hill, casi todos ellos fondos de inversión gringos, que son a su vez grandes inversores en deuda pública de numerosos gobiernos (en porcentajes del capital): Capital World Investment 7.67, T. Rowe Price Association 6.6, Fidelity Management 3.86, Vanguard Group 3.72, Banco State Street 3.71, Oppenheimer Funds 2.82, Blackrock 2.57, Capital Research 1.99, Deutsche Bank 1.78, Morgan Stanley 1.61.
A partir de estos datos, son claras las conclusiones sobre la imparcialidad de las agencias de rating y sobre la oportunidad con la que publican sus decisiones.
En contra de los datos comentados, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI y los estados de la zona euro se proponían rescatar a Grecia a toda costa (110 mil millones en tres años), a contracorriente de la postura de las agencias y los grandes fondos.
Si fuera el caso, las agencias pueden empezar a decaer en los hechos y una lucecita podría verse al final del túnel respecto de la reforma del sistema de los atracadores.
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