Los líderes europeos tienen tres semanas de plazo para alcanzar un pacto que salve de la catástrofe a la moneda única
ANDREU MISSÉ / EL PAÍS
Las próximas tres semanas vuelven a ser decisivas para el euro. Otra vez el todo o nada y con las alertas explícitas de los mercados. Entre la cumbre del próximo día 11 y la del 24 y 25 de marzo, la UE se juega el futuro de la moneda única. Los líderes europeos deberán alcanzar contra reloj un "pacto global" sobre varias propuestas para asegurar la estabilidad del euro. Se trata, sustancialmente, de lograr una solución permanente que sustituya los parches urgentes e improvisados que se adoptaron para afrontar las crisis de Grecia e Irlanda y evitar la catástrofe de la moneda única. La solución mágica se llama gobierno económico de la UE. En realidad es la vieja asignatura pendiente del euro. La pata coja del principal proyecto europeo. La política económica que precisa la divisa europea para compensar y reforzar la política monetaria del BCE. Es el gobierno económico que ya habían exigido, sin éxito, el entones presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y otros políticos, sobre todo franceses, hace veinte años, cuando se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria en Maastricht.
La necesidad de un gobierno económico volvió repentinamente al primer plano a raíz de la crisis de la deuda a finales de 2009. Durante el último año se han puesto en marcha multitud de iniciativas por parte de la Comisión Europea y del nuevo directorio francoalemán que se solapan entre sí, cuando no torpedean el proyecto, especialmente por parte de Berlín. El Pacto Global, o el cajón de sastre en que se han incluido todos los asuntos pendientes, implica como mínimo un acuerdo sobre cinco elementos estrechamente vinculados entre sí: a) Las seis medidas legislativas para reforzar el gobierno económico de la UE propuestas por la Comisión Europea; b) el Pacto de Competitividad, planteado recientemente por Alemania y Francia, dulcificado después por Herman van Rompuy y José Manuel Barroso; c) las reformas para reforzar y flexibilizar el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y para constituir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente a partir de junio de 2013; d) la reforma del Tratado para legalizar ese mecanismo; y e) la renegociación de la ayuda a Irlanda.
Y como primer resultado de todo ello despejar el futuro de Portugal, como ya advirtió la semana pasada expresamente la agencia de calificación Standard & Poor's. "El acuerdo deberá ser sobre todo el paquete", ha advertido también el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker.
El debate, centrado sobre todo en los asuntos presupuestarios y financieros, ha dejado completamente "en un segundo plano la cuestión del empleo y el paro", como ha señalado la eurodiputada socialista Pervenche Berès. Mientras, 23 millones de europeos siguen en las filas del paro. El giro hacia la derecha de los principales líderes europeos ha quedado bien patente en el comentario de un político tan moderado y respetado como Delors, para quien el reciente Pacto Anual sobre el Crecimiento presentado por el presidente de la Comisión José Manuel Barroso, "es el documento más reaccionario jamás producido por la Comisión".
Pero el haber limitado los debates a los asuntos fiscales, financieros y sobre competitividad tampoco ha simplificado los problemas. La secuencia de cómo se han ido generando y solapando las distintas, cambiantes y contradictorias iniciativas sobre el gobierno económico y el Pacto de Competitividad es lo que está creando más desasosiego e incertidumbre en medios comunitarios y en muchos países. Primero fue la propuesta presentada por el comisario de asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, para reforzar el gobierno económico de la UE en mayo y junio pasados, que cristalizó después en seis propuestas legislativas en septiembre. El objetivo era reforzar la disciplina presupuestaria con sanciones más duras y crear un nuevo sistema de vigilancia sobre los desequilibrios macroeconómicos y diferencias de competitividad también sometidas a posibles multas. A estas propuestas se sumó el llamado semestre europeo, que ya se ha puesto formalmente en marcha en enero y trata de acordar entre los Estados los criterios ex ante para la elaboración de los presupuestos nacionales.
La filosofía dominante es que los males del euro no se deben a un defecto inicial de construcción de la Unión Económica y Monetaria, que carece de una política económica común, sino a los malos hábitos de los derrochadores países del Sur junto con Irlanda.
Paralelamente, el Consejo Europeo encomendó a Van Rompuy la creación de un grupo especial (task force) para tratar acerca de lo mismo, "la gobernanza económica europea", pero desde una perspectiva gubernamental que en los tiempos que corren es la perspectiva de Berlín. Integraron la task force los 27 ministros de Economía, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, Rehn y Juncker. Este grupo de trabajo incluyó la necesidad de crear un mecanismo de ayuda permanente con condiciones muy estrictas para "reducir el riesgo moral" y la participación "del sector privado". Es decir, que los bancos acreedores asuman parte de las pérdidas, que era una de las exigencias de Berlín.
En la práctica, la task force ha sido el instrumento de la canciller alemana, Ángela Merkel, para imponer sus criterios. Los trabajos del grupo especial se vieron muy influenciados por los documentos de Berlín, cuyo Gobierno fue el que envió el mayor número de propuestas que fueron decisivas para elaborar las conclusiones. A pesar de todo, la resolución final no fue del agrado de Trichet, quien censuró la exigencia de que los bancos debían sufragar parte de los costes de la crisis de deuda de un país y encontró insuficiente el automatismo de las sanciones. La expresión pública de estas discrepancias provocó un fuerte enfrentamiento entre Trichet y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, lo que revela otra grieta inquietante en la cúpula de la Unión.
No obstante, las discrepancias entre la Comisión y el eje coyuntural Berlín-París se agrandaron pronto peligrosamente. El pasado 19 de octubre tanto la Comisión Europea como la task force sufrieron una seria desautorización a través de la llamada Declaración de Deauville, en la que Merkel y Sarkozy trazaron la línea a seguir tanto en materia de gobernanza económica como en la de reducir las diferencias de competitividad. El texto francoalemán subrayó la necesidad de aplicar sanciones automáticas a los países infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de reformar el Tratado para que los inversores asumieran parte de las pérdidas en el caso de una crisis de deuda y se pudiera suspender el derecho de voto en los Consejos a los Estados con violaciones graves de las reglas. No obstante, la suspensión del voto de los Estados, que implicaría una reforma profunda del Tratado, logró ser temporalmente aparcada gracias a los buenos oficios de Van Rompuy.
La suspensión del voto, las sanciones más automáticas y las duras condiciones para acceder a los fondos de rescate forman parte de las gesticulaciones de Berlín para justificar ante su electorado el aumento de las contribuciones alemanas a los distintos mecanismos de ayuda a los países con dificultades.
El informe elaborado por el European Economic Advisory Group (EEAG) y CESifo, dirigido por Hans-Werner Sinn, contabiliza todos los compromisos de ayudas de Alemania en los distintos fondos a los que ha contribuido desde el inicio de la crisis. En total los compromisos de Berlín ascienden a 218.500 millones de euros. Sinn lo suma todo. Los compromisos a los dos fondos europeos ya constituidos, al Fondo Monetario Internacional (FMI), las ayudas específicas a Grecia y la parte que le corresponde a las compras de bonos por parte del BCE a Irlanda, Grecia y Portugal. El futuro europeo se juega de manera decisiva en Alemania, un país en el que su contribución financiera a la Unión es analizada con lupa de manera cada vez más exigente y cuyo debate está condicionando las decisiones que deberán tomarse los próximos días.
Lo cierto es que la declaración de Deauville marcó un antes y un después en la toma de decisiones en la UE. "La crisis", señala Benedicta Marzinotto, investigadora de Bruegel, "ha contribuido a cambiar la toma de decisiones en la gobernanza europea". "Durante los últimos días", precisa, "hemos sido testigos de una councilization (mayor peso del Consejo) en las decisiones que se tuvieron que tomar en el plazo más breve de tiempo posible y que no se pudieron dejar al clásico método comunitario por el tiempo que precisaba".
Este desplazamiento de competencias, en detrimento de la Comisión, se agravó de nuevo el pasado febrero con la presentación del Pacto de Competitividad promovido en realidad por Berlín, aunque luego apareciera como una propuesta franco-alemana. Fue una iniciativa que descolocó a todo el mundo. A la Comisión, al Parlamento Europeo y a muchos analistas. Algunas propuestas categóricas del Pacto de Competitividad [ver ficha adjunta], como la prohibición de la indexación automática de los salarios con la inflación, los aumentos de la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o la inclusión en las Constituciones de límites a la deuda pública merecieron muy poca consideración por parte de varios Estados en el Consejo Europeo del pasado 4 de febrero.
"El Pacto de Competitividad franco-alemana", señala Marzinotto, "es lo que ha creado más confusión sobre el nivel en el que debería tener lugar la coordinación económica". La economista de Bruegel señala que las posteriores modificaciones introducidas en el pacto por la Comisión Europea y Van Rompuy "descartan las medidas más conflictivas contenidas en ese acuerdo (como la indexación salarial, la armonización fiscal de la base del impuesto de sociedades y los límites constitucionales a la deuda) y esclarecen un poco los temores de los pequeños Estados y de los países que no pertenecen al euro de que la coordinación de la política económica sea impuesta sobre ellos directamente por otros Gobiernos".
El propio Van Rompuy trató de quitar hierro al malestar creado por la iniciativa imprevista de Berlín y París en una conferencia en Allianz-CER el pasado miércoles. "Por ejemplo", precisó Van Rompuy, "el objetivo de la indexación salarial preocuparía solo a tres o cuatro países y por la manera que en ellos opera no es necesariamente un problema, mientras que parece importante examinar la evolución de los salarios en los 17 Estados miembros del euro". Igualmente, diluyó las exigencias referidas a la edad de jubilación. "En lugar de fijar un número arbitrario que podría no afectar a todos los países, como 67 años, tiene mucho más sentido en general vincular la edad de retiro a la esperanza de vida".
Pero la alarma por la deriva que supone el Pacto de Competitividad en favor del método intergubernamental (acuerdos entre los Estados sin participación del Parlamento) a costa del método comunitario (la Comisión tiene la iniciativa legal, tras atender los intereses generales, que luego es aprobada generalmente en codecisión por el Consejo y el Parlamento) ya estaba lanzada. La respuesta más articulada contra la iniciativa de Merkel y Sarkozy la han liderado los liberales, encabezados por uno de los europeístas más insignes de la arena pública comunitaria, el ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt.
El líder liberal en el Parlamento Europeo planteó el pasado jueves su alternativa: una "ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia en la Unión". Verhofstadt subraya que "la crisis de la deuda soberana ha demostrado que una unión monetaria sin una unión económica simplemente no puede funcionar". Critica frontalmente el Pacto de Competitividad porque se limita a solo seis medidas específicas. En su opinión, "la gobernanza económica es mucho más compleja que esto". Pone el ejemplo de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que "no está solo determinada por la edad de retiro que propone el pacto, sino por los años y las cantidades con que se ha contribuido, la esperanza de vida y el llamado segundo pilar (fondos administrados por el sector privado)". En este sentido destaca que el sistema de pensiones de Holanda es muchísimo más sostenible que el alemán a pesar de tener una edad de retiro más baja, según un estudio del Australian Centre for Financial Studies.
Según la propuesta de los liberales, "el Pacto de Competitividad no logrará sus objetivos simplemente porque el método intergubernamental no funciona". En cambio, asegura que el método comunitario "ha funcionado eficientemente en mercado interior y de competencia". Verhofstadt asegura que si la política de competencia estuviera en manos del Consejo, es decir, decidida por los representantes de los Estados, "ninguna empresa habría sido multada nunca".
La ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia de la Unión propone establecer unos niveles máximos y mínimos para los componentes clave que afectan al desarrollo económico y social, dando la conveniente flexibilidad a cada Estado. Las áreas a las que se aplicarían estos criterios son salarios, productividad, costes laborales unitarios, pensiones, movilidad laboral y protección de los trabajadores, base común del impuesto de sociedades y cambiar tasas del trabajo al consumo, investigación y desarrollo e inversión en infraestructuras.
En cualquier caso, los debates sobre la organización del gobierno económico de la UE y la revisión del Tratado para reforzar los fondos de rescate deberán contar con el Parlamento Europeo, que espera jugar un papel clave, con sus nuevas competencias del Tratado de Lisboa. De momento, ya se han presentado más de 1.700 enmiendas a las seis iniciativas legales presentadas por la Comisión Europea sobre el gobierno económico. Fuentes comunitarias dudan mucho de que el paquete pueda ser aprobado durante el primer semestre de este año como estaba previsto.
Por su parte, los parlamentarios implicados en los debates sobre el gobierno económico han advertido en un comunicado oficial que los debates sobre un potencial Pacto de Competitividad entre el presidente del Consejo Europeo y el de la Comisión Europea "claramente se solapan con el paquete de gobernanza económica, especialmente con el nuevo marco del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos". En la citada declaración "urgen a la Comisión Europea, al Consejo y al Consejo Europeo a tener en cuenta la posición del Parlamento Europeo y a implicarle en los debates de manera transparente".
Elmar Brok, eurodiputado cristianodemócrata alemán y uno de los ponentes que debe dar la opinión sobre la reforma del Tratado, advirtió esta semana que la Eurocámara hará valer sus poderes a la hora de examinar las propuestas de revisión de la máxima norma europea.
Pervenche Berès se ha referido también a que "hay una gran confusión porque estamos a la vez concernidos por la Estrategia 2020, por el paquete de gobierno económico en el que el Parlamento Europeo ha invertido ampliamente, la revisión del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad financiera". La eurodiputada refleja también la contradicción que mientras la Comisión lanza el Semestre Europeo, Merkel y Sarkozy ponen en marcha el Pacto por la Competitividad.
Demasiados conflictos sobre la mesa para resolverlos en solo tres semanas con un nivel mínimamente satisfactorio. Los mercados estarán atentos a las decisiones de los líderes.
ANDREU MISSÉ / EL PAÍS
Las próximas tres semanas vuelven a ser decisivas para el euro. Otra vez el todo o nada y con las alertas explícitas de los mercados. Entre la cumbre del próximo día 11 y la del 24 y 25 de marzo, la UE se juega el futuro de la moneda única. Los líderes europeos deberán alcanzar contra reloj un "pacto global" sobre varias propuestas para asegurar la estabilidad del euro. Se trata, sustancialmente, de lograr una solución permanente que sustituya los parches urgentes e improvisados que se adoptaron para afrontar las crisis de Grecia e Irlanda y evitar la catástrofe de la moneda única. La solución mágica se llama gobierno económico de la UE. En realidad es la vieja asignatura pendiente del euro. La pata coja del principal proyecto europeo. La política económica que precisa la divisa europea para compensar y reforzar la política monetaria del BCE. Es el gobierno económico que ya habían exigido, sin éxito, el entones presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y otros políticos, sobre todo franceses, hace veinte años, cuando se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria en Maastricht.
La necesidad de un gobierno económico volvió repentinamente al primer plano a raíz de la crisis de la deuda a finales de 2009. Durante el último año se han puesto en marcha multitud de iniciativas por parte de la Comisión Europea y del nuevo directorio francoalemán que se solapan entre sí, cuando no torpedean el proyecto, especialmente por parte de Berlín. El Pacto Global, o el cajón de sastre en que se han incluido todos los asuntos pendientes, implica como mínimo un acuerdo sobre cinco elementos estrechamente vinculados entre sí: a) Las seis medidas legislativas para reforzar el gobierno económico de la UE propuestas por la Comisión Europea; b) el Pacto de Competitividad, planteado recientemente por Alemania y Francia, dulcificado después por Herman van Rompuy y José Manuel Barroso; c) las reformas para reforzar y flexibilizar el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y para constituir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente a partir de junio de 2013; d) la reforma del Tratado para legalizar ese mecanismo; y e) la renegociación de la ayuda a Irlanda.
Y como primer resultado de todo ello despejar el futuro de Portugal, como ya advirtió la semana pasada expresamente la agencia de calificación Standard & Poor's. "El acuerdo deberá ser sobre todo el paquete", ha advertido también el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker.
El debate, centrado sobre todo en los asuntos presupuestarios y financieros, ha dejado completamente "en un segundo plano la cuestión del empleo y el paro", como ha señalado la eurodiputada socialista Pervenche Berès. Mientras, 23 millones de europeos siguen en las filas del paro. El giro hacia la derecha de los principales líderes europeos ha quedado bien patente en el comentario de un político tan moderado y respetado como Delors, para quien el reciente Pacto Anual sobre el Crecimiento presentado por el presidente de la Comisión José Manuel Barroso, "es el documento más reaccionario jamás producido por la Comisión".
Pero el haber limitado los debates a los asuntos fiscales, financieros y sobre competitividad tampoco ha simplificado los problemas. La secuencia de cómo se han ido generando y solapando las distintas, cambiantes y contradictorias iniciativas sobre el gobierno económico y el Pacto de Competitividad es lo que está creando más desasosiego e incertidumbre en medios comunitarios y en muchos países. Primero fue la propuesta presentada por el comisario de asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, para reforzar el gobierno económico de la UE en mayo y junio pasados, que cristalizó después en seis propuestas legislativas en septiembre. El objetivo era reforzar la disciplina presupuestaria con sanciones más duras y crear un nuevo sistema de vigilancia sobre los desequilibrios macroeconómicos y diferencias de competitividad también sometidas a posibles multas. A estas propuestas se sumó el llamado semestre europeo, que ya se ha puesto formalmente en marcha en enero y trata de acordar entre los Estados los criterios ex ante para la elaboración de los presupuestos nacionales.
La filosofía dominante es que los males del euro no se deben a un defecto inicial de construcción de la Unión Económica y Monetaria, que carece de una política económica común, sino a los malos hábitos de los derrochadores países del Sur junto con Irlanda.
Paralelamente, el Consejo Europeo encomendó a Van Rompuy la creación de un grupo especial (task force) para tratar acerca de lo mismo, "la gobernanza económica europea", pero desde una perspectiva gubernamental que en los tiempos que corren es la perspectiva de Berlín. Integraron la task force los 27 ministros de Economía, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, Rehn y Juncker. Este grupo de trabajo incluyó la necesidad de crear un mecanismo de ayuda permanente con condiciones muy estrictas para "reducir el riesgo moral" y la participación "del sector privado". Es decir, que los bancos acreedores asuman parte de las pérdidas, que era una de las exigencias de Berlín.
En la práctica, la task force ha sido el instrumento de la canciller alemana, Ángela Merkel, para imponer sus criterios. Los trabajos del grupo especial se vieron muy influenciados por los documentos de Berlín, cuyo Gobierno fue el que envió el mayor número de propuestas que fueron decisivas para elaborar las conclusiones. A pesar de todo, la resolución final no fue del agrado de Trichet, quien censuró la exigencia de que los bancos debían sufragar parte de los costes de la crisis de deuda de un país y encontró insuficiente el automatismo de las sanciones. La expresión pública de estas discrepancias provocó un fuerte enfrentamiento entre Trichet y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, lo que revela otra grieta inquietante en la cúpula de la Unión.
No obstante, las discrepancias entre la Comisión y el eje coyuntural Berlín-París se agrandaron pronto peligrosamente. El pasado 19 de octubre tanto la Comisión Europea como la task force sufrieron una seria desautorización a través de la llamada Declaración de Deauville, en la que Merkel y Sarkozy trazaron la línea a seguir tanto en materia de gobernanza económica como en la de reducir las diferencias de competitividad. El texto francoalemán subrayó la necesidad de aplicar sanciones automáticas a los países infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de reformar el Tratado para que los inversores asumieran parte de las pérdidas en el caso de una crisis de deuda y se pudiera suspender el derecho de voto en los Consejos a los Estados con violaciones graves de las reglas. No obstante, la suspensión del voto de los Estados, que implicaría una reforma profunda del Tratado, logró ser temporalmente aparcada gracias a los buenos oficios de Van Rompuy.
La suspensión del voto, las sanciones más automáticas y las duras condiciones para acceder a los fondos de rescate forman parte de las gesticulaciones de Berlín para justificar ante su electorado el aumento de las contribuciones alemanas a los distintos mecanismos de ayuda a los países con dificultades.
El informe elaborado por el European Economic Advisory Group (EEAG) y CESifo, dirigido por Hans-Werner Sinn, contabiliza todos los compromisos de ayudas de Alemania en los distintos fondos a los que ha contribuido desde el inicio de la crisis. En total los compromisos de Berlín ascienden a 218.500 millones de euros. Sinn lo suma todo. Los compromisos a los dos fondos europeos ya constituidos, al Fondo Monetario Internacional (FMI), las ayudas específicas a Grecia y la parte que le corresponde a las compras de bonos por parte del BCE a Irlanda, Grecia y Portugal. El futuro europeo se juega de manera decisiva en Alemania, un país en el que su contribución financiera a la Unión es analizada con lupa de manera cada vez más exigente y cuyo debate está condicionando las decisiones que deberán tomarse los próximos días.
Lo cierto es que la declaración de Deauville marcó un antes y un después en la toma de decisiones en la UE. "La crisis", señala Benedicta Marzinotto, investigadora de Bruegel, "ha contribuido a cambiar la toma de decisiones en la gobernanza europea". "Durante los últimos días", precisa, "hemos sido testigos de una councilization (mayor peso del Consejo) en las decisiones que se tuvieron que tomar en el plazo más breve de tiempo posible y que no se pudieron dejar al clásico método comunitario por el tiempo que precisaba".
Este desplazamiento de competencias, en detrimento de la Comisión, se agravó de nuevo el pasado febrero con la presentación del Pacto de Competitividad promovido en realidad por Berlín, aunque luego apareciera como una propuesta franco-alemana. Fue una iniciativa que descolocó a todo el mundo. A la Comisión, al Parlamento Europeo y a muchos analistas. Algunas propuestas categóricas del Pacto de Competitividad [ver ficha adjunta], como la prohibición de la indexación automática de los salarios con la inflación, los aumentos de la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o la inclusión en las Constituciones de límites a la deuda pública merecieron muy poca consideración por parte de varios Estados en el Consejo Europeo del pasado 4 de febrero.
"El Pacto de Competitividad franco-alemana", señala Marzinotto, "es lo que ha creado más confusión sobre el nivel en el que debería tener lugar la coordinación económica". La economista de Bruegel señala que las posteriores modificaciones introducidas en el pacto por la Comisión Europea y Van Rompuy "descartan las medidas más conflictivas contenidas en ese acuerdo (como la indexación salarial, la armonización fiscal de la base del impuesto de sociedades y los límites constitucionales a la deuda) y esclarecen un poco los temores de los pequeños Estados y de los países que no pertenecen al euro de que la coordinación de la política económica sea impuesta sobre ellos directamente por otros Gobiernos".
El propio Van Rompuy trató de quitar hierro al malestar creado por la iniciativa imprevista de Berlín y París en una conferencia en Allianz-CER el pasado miércoles. "Por ejemplo", precisó Van Rompuy, "el objetivo de la indexación salarial preocuparía solo a tres o cuatro países y por la manera que en ellos opera no es necesariamente un problema, mientras que parece importante examinar la evolución de los salarios en los 17 Estados miembros del euro". Igualmente, diluyó las exigencias referidas a la edad de jubilación. "En lugar de fijar un número arbitrario que podría no afectar a todos los países, como 67 años, tiene mucho más sentido en general vincular la edad de retiro a la esperanza de vida".
Pero la alarma por la deriva que supone el Pacto de Competitividad en favor del método intergubernamental (acuerdos entre los Estados sin participación del Parlamento) a costa del método comunitario (la Comisión tiene la iniciativa legal, tras atender los intereses generales, que luego es aprobada generalmente en codecisión por el Consejo y el Parlamento) ya estaba lanzada. La respuesta más articulada contra la iniciativa de Merkel y Sarkozy la han liderado los liberales, encabezados por uno de los europeístas más insignes de la arena pública comunitaria, el ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt.
El líder liberal en el Parlamento Europeo planteó el pasado jueves su alternativa: una "ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia en la Unión". Verhofstadt subraya que "la crisis de la deuda soberana ha demostrado que una unión monetaria sin una unión económica simplemente no puede funcionar". Critica frontalmente el Pacto de Competitividad porque se limita a solo seis medidas específicas. En su opinión, "la gobernanza económica es mucho más compleja que esto". Pone el ejemplo de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que "no está solo determinada por la edad de retiro que propone el pacto, sino por los años y las cantidades con que se ha contribuido, la esperanza de vida y el llamado segundo pilar (fondos administrados por el sector privado)". En este sentido destaca que el sistema de pensiones de Holanda es muchísimo más sostenible que el alemán a pesar de tener una edad de retiro más baja, según un estudio del Australian Centre for Financial Studies.
Según la propuesta de los liberales, "el Pacto de Competitividad no logrará sus objetivos simplemente porque el método intergubernamental no funciona". En cambio, asegura que el método comunitario "ha funcionado eficientemente en mercado interior y de competencia". Verhofstadt asegura que si la política de competencia estuviera en manos del Consejo, es decir, decidida por los representantes de los Estados, "ninguna empresa habría sido multada nunca".
La ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia de la Unión propone establecer unos niveles máximos y mínimos para los componentes clave que afectan al desarrollo económico y social, dando la conveniente flexibilidad a cada Estado. Las áreas a las que se aplicarían estos criterios son salarios, productividad, costes laborales unitarios, pensiones, movilidad laboral y protección de los trabajadores, base común del impuesto de sociedades y cambiar tasas del trabajo al consumo, investigación y desarrollo e inversión en infraestructuras.
En cualquier caso, los debates sobre la organización del gobierno económico de la UE y la revisión del Tratado para reforzar los fondos de rescate deberán contar con el Parlamento Europeo, que espera jugar un papel clave, con sus nuevas competencias del Tratado de Lisboa. De momento, ya se han presentado más de 1.700 enmiendas a las seis iniciativas legales presentadas por la Comisión Europea sobre el gobierno económico. Fuentes comunitarias dudan mucho de que el paquete pueda ser aprobado durante el primer semestre de este año como estaba previsto.
Por su parte, los parlamentarios implicados en los debates sobre el gobierno económico han advertido en un comunicado oficial que los debates sobre un potencial Pacto de Competitividad entre el presidente del Consejo Europeo y el de la Comisión Europea "claramente se solapan con el paquete de gobernanza económica, especialmente con el nuevo marco del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos". En la citada declaración "urgen a la Comisión Europea, al Consejo y al Consejo Europeo a tener en cuenta la posición del Parlamento Europeo y a implicarle en los debates de manera transparente".
Elmar Brok, eurodiputado cristianodemócrata alemán y uno de los ponentes que debe dar la opinión sobre la reforma del Tratado, advirtió esta semana que la Eurocámara hará valer sus poderes a la hora de examinar las propuestas de revisión de la máxima norma europea.
Pervenche Berès se ha referido también a que "hay una gran confusión porque estamos a la vez concernidos por la Estrategia 2020, por el paquete de gobierno económico en el que el Parlamento Europeo ha invertido ampliamente, la revisión del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad financiera". La eurodiputada refleja también la contradicción que mientras la Comisión lanza el Semestre Europeo, Merkel y Sarkozy ponen en marcha el Pacto por la Competitividad.
Demasiados conflictos sobre la mesa para resolverlos en solo tres semanas con un nivel mínimamente satisfactorio. Los mercados estarán atentos a las decisiones de los líderes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario