El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio a conocer que su administración investiga a 156 empresas constructoras que no cumplieron con los proyectos de obra pública y que podrían haber incurrido en daño patrimonial al erario público por más de 900 millones de pesos.
El mandatario veracruzano dijo que su gobierno actuará "con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias".
Al ser entrevistado por reporteros en la sala de Banderas de Palacio de gobierno, el mandatario estatal dijo que estos datos se derivan de la investigación que ha realizado la Contraloría Estatal en coordinación con las dependencias encargadas de obra pública.
"Derivado de estas acciones contables se han desprendido algunas anomalías, que de comprobarse, constituirían un daño patrimonial al Estado".
El Ejecutivo estatal señaló a tres constructoras: ABO Mantenimiento y Construcciones SA de CV; Grupo Mascot SA de CV y Grupo Alopag SA de CV, a las cuales se les otorgó un anticipo de 16 millones de pesos que incumplieron.
"En ellas no coincide el monto de lo aplicado con el estado de las obras y después de las investigaciones vienen consecuencias legales", precisó.
Duarte de Ochoa advirtió que la revisión de la obra pública continúa en todas las dependencias "y en todos los casos en donde se descubran irregularidades, se aplicará la ley como corresponde".
A pregunta expresa el gobernante veracruzano expresó que no se protegerá a nadie -ni funcionario o ex funcionario- que tenga algún tipo de responsabilidad en estos casos.
Comentó que las constructoras que están siendo revisadas, realizaron obras en diversos puntos de la entidad veracruzana, por lo que no se puede hablar de una región concreta la que haya sido afectada.
Las empresas son observadas por haber dejado obras inconclusas, obras no iniciadas u obras terminadas pero que no cumplen con los requisitos de calidad requerida; es decir, obras de mala calidad.
Los dueños o socios de estas empresas que resulten señaladas por incumplimiento serán demandados penalmente por el delito de fraude o los que resulten.
Al procedimiento judicial se le suma el procedimiento administrativo, ya que dichas empresas serían dadas de baja del padrón estatal de contratistas de la SEFIPLÁN y del padrón federal de obras.
Fuente: Organización Editorial Mexicana
El mandatario veracruzano dijo que su gobierno actuará "con toda la firmeza y determinación, porque aquí no hay circunstancias especiales y quien esté al margen de la legalidad tendrá que asumir las consecuencias".
Al ser entrevistado por reporteros en la sala de Banderas de Palacio de gobierno, el mandatario estatal dijo que estos datos se derivan de la investigación que ha realizado la Contraloría Estatal en coordinación con las dependencias encargadas de obra pública.
"Derivado de estas acciones contables se han desprendido algunas anomalías, que de comprobarse, constituirían un daño patrimonial al Estado".
El Ejecutivo estatal señaló a tres constructoras: ABO Mantenimiento y Construcciones SA de CV; Grupo Mascot SA de CV y Grupo Alopag SA de CV, a las cuales se les otorgó un anticipo de 16 millones de pesos que incumplieron.
"En ellas no coincide el monto de lo aplicado con el estado de las obras y después de las investigaciones vienen consecuencias legales", precisó.
Duarte de Ochoa advirtió que la revisión de la obra pública continúa en todas las dependencias "y en todos los casos en donde se descubran irregularidades, se aplicará la ley como corresponde".
A pregunta expresa el gobernante veracruzano expresó que no se protegerá a nadie -ni funcionario o ex funcionario- que tenga algún tipo de responsabilidad en estos casos.
Comentó que las constructoras que están siendo revisadas, realizaron obras en diversos puntos de la entidad veracruzana, por lo que no se puede hablar de una región concreta la que haya sido afectada.
Las empresas son observadas por haber dejado obras inconclusas, obras no iniciadas u obras terminadas pero que no cumplen con los requisitos de calidad requerida; es decir, obras de mala calidad.
Los dueños o socios de estas empresas que resulten señaladas por incumplimiento serán demandados penalmente por el delito de fraude o los que resulten.
Al procedimiento judicial se le suma el procedimiento administrativo, ya que dichas empresas serían dadas de baja del padrón estatal de contratistas de la SEFIPLÁN y del padrón federal de obras.
Fuente: Organización Editorial Mexicana
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