Rosario Green / El Universal
La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de gran confusión, alimentada por los mensajes intercalados de estímulo y denuesto del gobierno estadounidense frente a la espiral de violencia que azota este lado de la frontera. En este contexto, el presidente mexicano se lanzó a Washington, D.C., la semana pasada para entrevistarse con su contraparte estadounidense. Llevaba el maletín cargado de reclamos y regresó con poco más que promesas vacuas y una palmada en la espalda.
Las quejas iban desde las lamentables declaraciones de altísimos funcionarios estadounidenses en los últimos tiempos, sobre supuestos vínculos entre el cártel de Los Zetas y la organización terrorista Al Qaeda o la eventual necesidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos de cruzar la frontera para afrontar la narcoviolencia que México no puede contener, hasta los informes del embajador estadounidense Carlos Pascual, filtrados por WikiLeaks.
En los cables se reseña una supuesta falta de disposición del Ejército Mexicano para encarar ese fenómeno y se resalta, en cambio, la prontitud de la Marina para hacerlo, lo que no solamente genera una disputa en el ámbito de nuestras fuerzas armadas, que han visto caer numerosos elementos en esa batalla, sino un profundo disgusto en ambas instituciones, en la opinión pública y en el Presidente mismo. Con todo, y a pesar de ventilar su antipatía hacia el embajador ante la prensa estadounidense, o quizá por eso, Calderón no logró volver a México con la promesa de la remoción de Pascual, quien se encuentra en una situación de profundo aislamiento, difícilmente funcional para la relación bilateral.
En mi opinión, sobre este cúmulo de quejas predominó la habitual arrogancia de Estados Unidos hacia su vecino del sur y Obama despachó a Calderón con una palmada en la espalda. No faltaron las frases halagadoras e incluso se obtuvo la promesa de buscar fórmulas para cumplir con una importante cláusula del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en suspenso desde hace casi seis años, que permitirá el tránsito de camiones de carga mexicanos por tierras estadounidenses. Sin embargo, el maletín de Calderón regresó a México con más frustraciones que acuerdos significativos.
Se habló del flagelo del crimen organizado trasnacional, sobre el que Estados Unidos dice reconocer su corresponsabilidad, pero el principal consumidor de drogas, exportador de armas ilícitas a México y lavador de narcodinero no ofreció nada más allá de continuar con una caducada e incumplida Iniciativa Mérida, en la que apenas se ha vertido la mitad de lo prometido, según la propia secretaria Clinton.
Éste me parece un tema urgente a tratar en el Senado mexicano, pues si la citada iniciativa pretende convertirse en un acuerdo de otro tipo, incluso transexenal, tendrá que someterse a la prueba de la Cámara alta.
Lo mismo vale para el incómodo ofrecimiento que Calderón hizo a Obama, a raíz del reciente asesinato del agente aduanal Jaime Zapata, de que se analizarán alternativas para elevar el nivel de protección para los estadounidenses que operan en México. Los senadores de diversos grupos parlamentarios ya nos hemos pronunciado de forma contundente en contra de la posibilidad de que los agentes estadounidenses vayan armados en nuestro país, medida que, además de ser inconstitucional, “haría más caro el caldo que las albóndigas”, pues se multiplicarían los enfrentamientos, las bajas y el descontento de una población que ya siente que vive bajo las balas.
Pero hay algo más, que ha encontrado poco eco en la prensa. Se ha hecho público que, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, como pasó en 1995 con la llamada operación Casablanca sobre lavado de dinero, el gobierno estadounidense aprobó, entre 2009 y 2010, el operativo Rápido y furioso que permitió que traficantes de armas compraran y distribuyeran alrededor de dos mil pistolas y fusiles para seguirles la pista.
Es decir, pese a los exhortos de los mexicanos y las promesas de los estadounidenses para detener el tráfico ilícito de armas, en la práctica Estados Unidos utiliza a México como laboratorio para llevar a cabo experimentos invasivos de nuestra soberanía nacional como el de: “en el arca abierta el justo peca” de la operación Casablanca, que “incentivó” a funcionarios bancarios a lavar dinero sucio, o el de “seguirle la pista al trasiego ilegal de armas” del operativo Rápido y furioso, que “incentivó” a criminales a comprar y transportar armas ilegalmente. Para colmo, este operativo resultó un rotundo fracaso, según expresión del senador republicano Charles Grassley, por lo que debe ser objeto de una investigación independiente y una explicación al gobierno mexicano.
Puede que el gobierno federal considere un triunfo el espaldarazo dado por su contraparte estadounidense. Sin embargo, en el fondo y en la práctica prevalecen la arrogancia y los intereses del más poderoso. México no puede conformarse con resultados tan eximios y un trato semejante. Es inaceptable que Estados Unidos opere en nuestro país como si de un laboratorio se tratase y es indignante que el Ejecutivo mexicano lo permita.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de gran confusión, alimentada por los mensajes intercalados de estímulo y denuesto del gobierno estadounidense frente a la espiral de violencia que azota este lado de la frontera. En este contexto, el presidente mexicano se lanzó a Washington, D.C., la semana pasada para entrevistarse con su contraparte estadounidense. Llevaba el maletín cargado de reclamos y regresó con poco más que promesas vacuas y una palmada en la espalda.
Las quejas iban desde las lamentables declaraciones de altísimos funcionarios estadounidenses en los últimos tiempos, sobre supuestos vínculos entre el cártel de Los Zetas y la organización terrorista Al Qaeda o la eventual necesidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos de cruzar la frontera para afrontar la narcoviolencia que México no puede contener, hasta los informes del embajador estadounidense Carlos Pascual, filtrados por WikiLeaks.
En los cables se reseña una supuesta falta de disposición del Ejército Mexicano para encarar ese fenómeno y se resalta, en cambio, la prontitud de la Marina para hacerlo, lo que no solamente genera una disputa en el ámbito de nuestras fuerzas armadas, que han visto caer numerosos elementos en esa batalla, sino un profundo disgusto en ambas instituciones, en la opinión pública y en el Presidente mismo. Con todo, y a pesar de ventilar su antipatía hacia el embajador ante la prensa estadounidense, o quizá por eso, Calderón no logró volver a México con la promesa de la remoción de Pascual, quien se encuentra en una situación de profundo aislamiento, difícilmente funcional para la relación bilateral.
En mi opinión, sobre este cúmulo de quejas predominó la habitual arrogancia de Estados Unidos hacia su vecino del sur y Obama despachó a Calderón con una palmada en la espalda. No faltaron las frases halagadoras e incluso se obtuvo la promesa de buscar fórmulas para cumplir con una importante cláusula del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en suspenso desde hace casi seis años, que permitirá el tránsito de camiones de carga mexicanos por tierras estadounidenses. Sin embargo, el maletín de Calderón regresó a México con más frustraciones que acuerdos significativos.
Se habló del flagelo del crimen organizado trasnacional, sobre el que Estados Unidos dice reconocer su corresponsabilidad, pero el principal consumidor de drogas, exportador de armas ilícitas a México y lavador de narcodinero no ofreció nada más allá de continuar con una caducada e incumplida Iniciativa Mérida, en la que apenas se ha vertido la mitad de lo prometido, según la propia secretaria Clinton.
Éste me parece un tema urgente a tratar en el Senado mexicano, pues si la citada iniciativa pretende convertirse en un acuerdo de otro tipo, incluso transexenal, tendrá que someterse a la prueba de la Cámara alta.
Lo mismo vale para el incómodo ofrecimiento que Calderón hizo a Obama, a raíz del reciente asesinato del agente aduanal Jaime Zapata, de que se analizarán alternativas para elevar el nivel de protección para los estadounidenses que operan en México. Los senadores de diversos grupos parlamentarios ya nos hemos pronunciado de forma contundente en contra de la posibilidad de que los agentes estadounidenses vayan armados en nuestro país, medida que, además de ser inconstitucional, “haría más caro el caldo que las albóndigas”, pues se multiplicarían los enfrentamientos, las bajas y el descontento de una población que ya siente que vive bajo las balas.
Pero hay algo más, que ha encontrado poco eco en la prensa. Se ha hecho público que, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, como pasó en 1995 con la llamada operación Casablanca sobre lavado de dinero, el gobierno estadounidense aprobó, entre 2009 y 2010, el operativo Rápido y furioso que permitió que traficantes de armas compraran y distribuyeran alrededor de dos mil pistolas y fusiles para seguirles la pista.
Es decir, pese a los exhortos de los mexicanos y las promesas de los estadounidenses para detener el tráfico ilícito de armas, en la práctica Estados Unidos utiliza a México como laboratorio para llevar a cabo experimentos invasivos de nuestra soberanía nacional como el de: “en el arca abierta el justo peca” de la operación Casablanca, que “incentivó” a funcionarios bancarios a lavar dinero sucio, o el de “seguirle la pista al trasiego ilegal de armas” del operativo Rápido y furioso, que “incentivó” a criminales a comprar y transportar armas ilegalmente. Para colmo, este operativo resultó un rotundo fracaso, según expresión del senador republicano Charles Grassley, por lo que debe ser objeto de una investigación independiente y una explicación al gobierno mexicano.
Puede que el gobierno federal considere un triunfo el espaldarazo dado por su contraparte estadounidense. Sin embargo, en el fondo y en la práctica prevalecen la arrogancia y los intereses del más poderoso. México no puede conformarse con resultados tan eximios y un trato semejante. Es inaceptable que Estados Unidos opere en nuestro país como si de un laboratorio se tratase y es indignante que el Ejecutivo mexicano lo permita.
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