Ezra Shabot / El Universal
México es un país que se mueve inercialmente desde hace muchos años. La falta de un acuerdo político que establezca las bases generales de un proyecto común de desarrollo económico ha llevado a los distintos gobiernos y grupos de poder económico a buscar sobrevivir y aprovechar los errores de los competidores para obtener mejores posiciones en un país que se mueve lentamente. El sistema de privilegios heredado del régimen de la Revolución Mexicana, sigue siendo un obstáculo real para el avance del país. Desde el duopolio televisivo y la limitada competencia en televisión restringida, pasando por el cerrado mercado telefónico y de internet, hasta llegar a los sindicatos de Estado que siguen viviendo a expensas del erario público, todos y cada uno de estos grupos de poder quieren mantener sus privilegios proteccionistas, pero al mismo tiempo entrar en el mercado del otro privilegiado.
De esta manera, Televisa intenta encontrar la fórmula para ampliar su mercado en la telefonía y sus diferentes variables, impidiendo en forma simultánea la entrada de Telmex en el espacio televisivo. Lo mismo hace Telmex en su intento por mantener tarifas de interconexión acordes a su interés empresarial, pero demandando su derecho a participar en una eventual tercera cadena de televisión abierta. Esto se reproduce una y otra vez en distintos espacios y con diferentes grupos de poder. Ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ni la de Competencia Económica, han tenido la fuerza legal y política para actuar como instancia de un Estado que vela por el interés general, y negocia un acuerdo con los particulares.
Es esta situación muy parecida a la que se vive en el Congreso, en donde el principio de negociación, que implica el ceder algo a cambio de obtener determinado beneficio, no opera por la falta de madurez de una clase política miope interesada únicamente en el ejercicio del poder temporal, y celosa de sus fichas para las elecciones siguientes. Este nivel de parálisis ha provocado ya la pérdida significativa de competitividad del país a nivel internacional. La inercia positiva que resuelve problemas de coyuntura, porque hasta ahora la oposición priísta y perredista se ha comportando responsablemente cuando se trata de eventos urgentes o sin costo político alguno, no es suficiente para impulsar un modelo abierto y de alta competencia que transformaría de tajo la estructura económica del país.
Lo mismo sucede en la relación con los sindicatos de Estado, principalmente en el terreno de la educación y en Pemex. En ambos casos se trata de una estructura arcaica y corporativa que no permite modificaciones de fondo que cambiarían la forma de enfrentar su realidad particular. En el ámbito de la educación hablamos de cientos de miles de maestros que no enseñan, porque no lo saben hacer, o porque su “plaza definitiva” los coloca en la comodidad de no tener que responder frente a los pobres resultados ofrecidos. Con respecto a Pemex el asunto se refiere tanto a la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sindicato, como al hecho de que a nivel internacional, empresas petroleras obtienen iguales o mejores resultados, con menos trabajadores cuyos sueldos son mayores a los que se pagan en México precisamente por su alto nivel de eficiencia.
Romper las inercias monopólicas para hacer crecer al país y sacar a millones de mexicanos de la pobreza es un problema de voluntad política y de correr los riesgos inherentes al pago de altos costos derivados de la negativa de estos actores a perder sus privilegios heredados del pasado. Mantener la inercia nos llevará necesariamente a ahondar el atraso en que vivimos, agudizando los problemas sociales y enfrentando crisis cada vez más difíciles y costosas de resolver. Si este gobierno no quiere o no puede ser el árbitro que dicte las nuevas reglas de convivencia económica, entonces habrá que esperar que en el 2012 la nueva administración tome este tema como prioridad nacional.
Analista político
México es un país que se mueve inercialmente desde hace muchos años. La falta de un acuerdo político que establezca las bases generales de un proyecto común de desarrollo económico ha llevado a los distintos gobiernos y grupos de poder económico a buscar sobrevivir y aprovechar los errores de los competidores para obtener mejores posiciones en un país que se mueve lentamente. El sistema de privilegios heredado del régimen de la Revolución Mexicana, sigue siendo un obstáculo real para el avance del país. Desde el duopolio televisivo y la limitada competencia en televisión restringida, pasando por el cerrado mercado telefónico y de internet, hasta llegar a los sindicatos de Estado que siguen viviendo a expensas del erario público, todos y cada uno de estos grupos de poder quieren mantener sus privilegios proteccionistas, pero al mismo tiempo entrar en el mercado del otro privilegiado.
De esta manera, Televisa intenta encontrar la fórmula para ampliar su mercado en la telefonía y sus diferentes variables, impidiendo en forma simultánea la entrada de Telmex en el espacio televisivo. Lo mismo hace Telmex en su intento por mantener tarifas de interconexión acordes a su interés empresarial, pero demandando su derecho a participar en una eventual tercera cadena de televisión abierta. Esto se reproduce una y otra vez en distintos espacios y con diferentes grupos de poder. Ni la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ni la de Competencia Económica, han tenido la fuerza legal y política para actuar como instancia de un Estado que vela por el interés general, y negocia un acuerdo con los particulares.
Es esta situación muy parecida a la que se vive en el Congreso, en donde el principio de negociación, que implica el ceder algo a cambio de obtener determinado beneficio, no opera por la falta de madurez de una clase política miope interesada únicamente en el ejercicio del poder temporal, y celosa de sus fichas para las elecciones siguientes. Este nivel de parálisis ha provocado ya la pérdida significativa de competitividad del país a nivel internacional. La inercia positiva que resuelve problemas de coyuntura, porque hasta ahora la oposición priísta y perredista se ha comportando responsablemente cuando se trata de eventos urgentes o sin costo político alguno, no es suficiente para impulsar un modelo abierto y de alta competencia que transformaría de tajo la estructura económica del país.
Lo mismo sucede en la relación con los sindicatos de Estado, principalmente en el terreno de la educación y en Pemex. En ambos casos se trata de una estructura arcaica y corporativa que no permite modificaciones de fondo que cambiarían la forma de enfrentar su realidad particular. En el ámbito de la educación hablamos de cientos de miles de maestros que no enseñan, porque no lo saben hacer, o porque su “plaza definitiva” los coloca en la comodidad de no tener que responder frente a los pobres resultados ofrecidos. Con respecto a Pemex el asunto se refiere tanto a la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sindicato, como al hecho de que a nivel internacional, empresas petroleras obtienen iguales o mejores resultados, con menos trabajadores cuyos sueldos son mayores a los que se pagan en México precisamente por su alto nivel de eficiencia.
Romper las inercias monopólicas para hacer crecer al país y sacar a millones de mexicanos de la pobreza es un problema de voluntad política y de correr los riesgos inherentes al pago de altos costos derivados de la negativa de estos actores a perder sus privilegios heredados del pasado. Mantener la inercia nos llevará necesariamente a ahondar el atraso en que vivimos, agudizando los problemas sociales y enfrentando crisis cada vez más difíciles y costosas de resolver. Si este gobierno no quiere o no puede ser el árbitro que dicte las nuevas reglas de convivencia económica, entonces habrá que esperar que en el 2012 la nueva administración tome este tema como prioridad nacional.
Analista político
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